Hablamos
de algoritmos y de inteligencia Artificial ya que se trata de actuaciones o actos
que emanan de una Administración Pública regulados en un procedimiento
administrativo o judicial, y que son resueltos por un programa informático sin
ninguna intervención humana. Habrían de tres niveles menos o más complejos:
1) A partir de los datos aportados y consultando las fuentes de
datos de la Administración Pública, por ejemplo un registro, se emite un
certificado que da fe de algo. (vg. certificado de antecedentes penales,
nacimiento, matrimonio, …)
2) Desde la existencia
de unos datos y en función de un algoritmo definido se resuelve el acto, (vg.concesiones de becas)
3) Aquí la resolución del acto estaría basada en un algoritmo
que emula a un experto que toma decisiones desde la experiencia de actuaciones
anteriores u otras fuentes de
conocimiento (vg. acto resolutorio de un
tribunal administrativo). El mecanismo opera como actuación automatizada incompleta
ya que la inteligencia artificial esta orientaba a la asistencia completa pero
quedando en manos humana la decisión final.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 41 define como ‘actuación administrativa automatizada’. cualquier acto o actuación realizada
íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en
el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de
forma directa un empleado público.
En su artículo 42 se dispone que en el
ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada
Administración Pública podrá determinar la utilización de los siguientes
sistemas de firma electrónica:
a) Sello electrónico de Administración
Pública.
b) Código seguro de verificación
vinculado a la Administración Pública.
Una manifestación reciente
de esta innovación está prevista en el reciente Decreto 164/2017, de 27 de octubre, del Consell, por
el que se regula el componente retributivo relacionado con la formación
permanente del funcionariado docente y la realización de las actividades para
la mejora de la calidad de la enseñanza. Se establece que el reconocimiento del derecho
se practicará de oficio, conforme a los datos que obren en el registro personal
docente y que dicho reconocimiento podrá ser tratado como una actuación
automatizada a los efectos del artículo 41 de la ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen
jurídico del Sector público.
En su artículo 8 se dispone que el
componente retributivo
-
Se reconocerá de oficio y la resolución
se dictará por la persona titular de la dirección territorial en cuyo ámbito de
gestión preste servicios el personal funcionario docente y hará constar la
fecha de perfeccionamiento del sexenio reconocido.
-
El reconocimiento podrá ser tratado
como una actuación administrativa automatizada y los documentos electrónicos de
reconocimiento del componente retributivo serán firmados mediante el sello
electrónico de administración pública cons.
educacio investigacio cultura i esport gva o
el de la conselleria competente en materia de educación. Dichas resoluciones
electrónicas contendrán un código seguro de verificación vinculado a la misma.
-
A efectos de impugnación de las
actuaciones administrativas automatizadas a las que se refiere este artículo,
será responsable la unidad responsable del correspondiente acto administrativo.
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