Este
es el título de una noticia de El Confidencial Digital reciente según
el cual directores generales, secretarios y otros asesores
de confianza del PDCAT se han dirigido al partido para que les resuelva su situación
laboral tras haber sido cesados por la aplicación del 155 CE. La respuesta a
tal petición es la “esto no va a poder seguir siendo una oficina del
INEM, nos la vamos a pegar en las urnas el 21 de diciembre”.
Los afectados claman
“ahora no
tenemos dónde caernos muertos después de años trabajando para CIU, esperábamos alguna solución,
y lo único que hacen es dejarnos completamente tirados”, denuncia uno de los cesados. “me
quedo en el paro y con dos hijos, mi situación es penosa”, como consecuencia de una debacle que de 62
diputados en 2012 les dejará en apenas 20 escaños autonómicos, otrosí del que
vendrá en las siguientes elecciones municipales en
2019. Algún alto cargo aconseja “vete buscándote una salida. la escabechina no
ha hecho más que empezar”.
Parece que – como si el debacle no
fuera cosa suya - legítimamente les
corresponde una salida como aquella de la
Administración Institucional de Servicios
Socioprofesionales (AISS) para
traspasar a los empleados de la organización sindical del movimiento a la Administración del Estado en los ’70. Qué
contradicciones tiene la praxis de una
Administración Pública que opera en el marco de un post-leviatan de los
'70 con límites al déficit público, de decrementalismo en las
políticas y de retoro al mercado total. El gran Don Benito (Pérez Galdós)
escribiría Miau, 2ª parte sin despeinarse.
Relacionado con la inmediata
entrada anterior parece que el Workfare
State sustituto ya en buena parte de aquel Leviatan colapsado del Estado
nacional del bienestar Keynesiano y su Welfare
cuasi universal, solo es capaz de generar empleo de mucha calidad como
consecuencia de un éxito electoral. Y eso que
secundum tabulas no es
admisible ni de lejos el spoil system e
incluso con delitos específicos sobre
ello en el Código Penal (405 y 406).
A la autoridad o funcionario público que, en el
ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere,
nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión
de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
La misma pena de multa se impondrá a la persona que
acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo
anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.
Esto que sucede es
paradójico y, a la par, comprensible en
términos psico- sociológicos y también para la politología para
quienes recuerden aquello de Lowi de que "las políticas determinan la
política". Con las políticas neocon y su supuesta Administración
de mínimos se coloca al máximo de
amigos, cuando supuestamente el retorno al mercado nos llevaría una indiscutible
mayor libertad de elección, por mor de los postulados
del Public Choice de Buchanan, Tullock y sus chicos, para
quienes, como el Estado falla al tratar
de solucionar las disfuncionalidades del mercado, es la Administración y no el
mercado.
Lo que resulta paradójico, es que
desde que dicha teoría fue puesta en práctica, las empresas viven de
subvenciones, los partidos políticos se financian con el sobreprecio de los
contratos públicos, los partidos – incluso los iberales – ganan las
elecciones con presuntos delitos
electorales fruto del dinero público y hasta el empleo de calidad actual se da en el seno del control de la
Administración.
La paradoja del sistema económico es de una dimensión astronómica, dada
la contradicción entre el modelo teórico
y la evidencia empírica.
Lo compresible es que el ser humano tiene que
buscarse la vida en un escenario general en el que no hay casi oferta de cantidad y calidad laboral y escaso es su libre mercado. En todo caso si hay un ejercito
de reserva.
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