Sin duda la falta de ciencia o técnica en la
gestión Pública es la causante de no
pocos errores en las decisiones que generan injusticias, ineficacias o
sobre costes en los factores administrativos
el mejor de los casos. Cuando una decisión se muestra compleja por múltiples
razones se acude a método científicos como puede resultar de los análisis
comprensivo-sinópticos y evaluar desde ellos todas las consecuencias entre unas
u otras alternativas (en suma, hacer, no hacer o hacer distinto). Puede que
simplemente se recurra a la técnica,
solicitando un saber específico para tomas una decisión (TAGS,
TAE,Nomotécnicos, expertos en contenidos sustantivos, …) pero lo que no es
aceptable, ni tan siquiera en el arte de los diletantes, es tomar las
decisiones y luego buscar su legitimación formal.
En
la misma se dice (…) Hay un inmenso
trasiego de informes jurídicos, económicos y técnicos en los expedientes
administrativos que de forma silenciosa y discreta contribuyen al acierto y
legalidad de la actuación pública (…).
Se
destacan una serie de actuaciones poco éticas y respetuosas con nuestra carta
magna, como por ejemplo (…) No pedir
informes a quien sospecha los va a emitir de forma desfavorable (…) Solicitar informes de forma engañosa (…) Recibido
informe desfavorable, se recaban más informes “bajo precio” de algunas
consultorías que practican el “daltonismo jurídico”
Se
destacan tres maneras de informar (…) Informes de Ciencia. Son los informes objetivos, formales y rigurosos,
basados en técnica y método científico. En ello está pensando el Legislador, Informes de Complacencia. Ni son informes
objetivos, ni son informes con poso ético. Son informes “a la carta”, donde
primero se tira la flecha y luego se manda al informante que dibuje la diana a
su alrededor. En ellos está pensando el mal político para alcanzar sus
objetivos. Informes con Paciencia. Son los informes emitidos por el funcionario
técnico, que se debate entre una autoridad exigente, unos eventuales que
interfieren, unas consignas políticas y escasos medios técnicos y/o jurídicos.
En ellos piensa el buen funcionario cuando le apremian para que emita su
informe de forma urgente (…)
Estos informes son
realizados por (…) funcionario ya
libremente designado (…) funcionario buscado (…) Consultoras de nombre
prestigioso (…) Catedráticos de Derecho Administrativo (…) Abogados del Estado en excedencia (…) juristas que ocuparon altos cargos en la
Administración y se montaron el chiringuito (…) se pagaban a precio de oro y además facturado
de forma fraccionada para sortear los límites a la contratación menor)
Siendo (…) el
encargo de informes jurídicos externos (y aquí pecan todas las Administraciones
Públicas) es una práctica reprochable e incongruente con criterios de eficacia,
imparcialidad y legalidad (…)
Tales informes
externos cumplen alguna de las siguientes finalidades (…) Robustecer criterios políticos (…)
Sortear informes técnicos poco cómodos (…) Trafico de influencias y
prebendalismo para políticos en el banquillo
Por otra parte se
sostiene que las ventajas de la emisión de un informe jurídico por un
funcionario cualificado (…)produciría un
ahorro considerable (…) Se reforzaría el
papel y autoestima funcionarios (…) dotaría de mayores garantías a la
objetividad (…) El informe gozaría de
mayor solvencia
En definitiva, (…)
el problema supone un coste tremendo
para la Administración. Un coste económico por duplicar gastos públicos en
dictámenes caros de complacencia. Un coste político porque posibilitan la toma
de decisiones que en ocasiones, tras superar la vía administrativa, tropiezan
con el severo corrector anulatorio de los Tribunales.
En suma como ya he sostenido que la ineptitud es
más peligrosa que la propia corrupción, toda vez que esta última no se contrae
sólo a lo que vemos en los medios, me complace dar cuenta de la opinión de personas con conocimiento de la praxis
forense, en este caso un Magistrado del orden contencioso, de sobra conocido, y
al que le honra su valentía, ingenio y laboriosidad. Y en esa labor bloguera difunde lo que ya conocemos pero no podemos
decir, por aquello de la discreción profesionales y otras motivos, pero que
están tan arraigados, como esos impuestos que no tiene contraprestación o esos
servicios de corporaciones de derecho públicos que no se prestan materialmente
y solo sirve para recaudar y legitimar.
Esta labor de limpieza es lo que corresponde a los
gobernantes de los próximos ocho años, en una alianza de políticas
institucionales de largo recorrido como son las constitutivas, cuyos ciclos
vitales sobrepasan los políticos. Deben recuperarse
los presupuestos normativos de la acción política; los teoréticos recogidos
entre otros por Weber o Wilson o la escuela de Whitehall y los legislativos de nuestro sistema
positivo. Los tiempos vividos en nuestra región muestran empíricamente una
correlación entre decisiones erróneas y los informes autoconfirmatorios de
mercenarios, agradecidos o talibanes ideologizados.
Un nuevo ciclo administrativo ha de seguir al
político y después de terminar con la
corrupción bananera, zafia, hortera y
vulgar que hemos visto, ahora hay que
terminar con esta otra más sufrida, y quienes la han practicado son autores o
coadyuvantes de esta forma de prevaricar más sutil. Para estos también la partida ha terminado y ahora debe empezar el tiempo científico,
como aquel de principios del S. XX.
