¿Cómo saber si los gestores públicos han sido buenos o no en su cometido? La
respuesta hoy es muy fácil y casi única;
evaluándose la gestión de las políticas en los términos convencionales a fecha de hoy, a pesar de las insuficiencias
existentes.
¿Cómo saber si los políticos ha sido o no aptos
para su cometido de dirección? También resultaría fácil recurriendo al análisis
de las políticas, y en especial al diseño de las mismas.
¿Y si resulta que en el diseño de políticas
lo que se entiende por interés general no está claramente relacionado con el
bien común? Por ejemplo al bien común
no le afecta positivamente participar en
una guerra, permitir casinos, hacer obras faraónicas, cambiar hábitos, permitir
instalaciones insalubres por interés comunitario.
Cabe preguntarse igualmente si ¿podemos todavía confiar en que
el partido en el gobierno tiene la legitimación para determinar que está o no
conforme al interés general?. La legitimación democrática puede amparar que una
ideología político-partidista o de intereses de grupo ha determinado sobre qué o a quien se subvenciona, se invierte o se
redistribuye lo anterior, y puede comprobarse que esa elección ha sido desastrosa por perderse cotas de
bienestar ya adquiridas o porque intereses extranjeros han acabado comprando
las empresas locales, ante el debacle de las mismas.
Para evitar esta situación además de la
legitimación institucional en términos democráticos existe otra basada en los
resultados de la acción de gobierno, es decir si esta ha servido al bien común,
del que eran garantes y administradores. Así surge la necesidad de las ciencias
de políticas, para analizar y evaluar la bondad de las decisiones y los impactos
de las mismas. Resulta de ello un tiempo
en el que la ciencia debe juzgar a la
política. Y en ello el análisis y evaluación de políticas, con sus
deficiencias, es por el momento lo único de que dispone la Ciencia Política a
tales fines. Pero esta tarea es muy difícil cuando no está
institucionalizada dicha acción
analítica y/o evaluativa, fundamentalmente porque no existen estructuras
teleológicas. Pensemos en los directores
de estructuras complejas o unidades tomadoras de
decisiones (DMU) que no son conocedores de las técnicas de gestión Pública y del
análisis de la decisión pública. Tampoco está institucionalizada cuando no
existen instituciones estructuradas
organiza y funcionalmente a tal fin y con y estatuto de
independencia y autoridad.
El análisis o evaluación
de la acción pública – que entendemos hic et nunc como equivalentes –
sustentado en el análisis de políticas,
tiene por objeto investigar si los medios jurídicos, administrativos y
financieros aplicados permiten lograr los efectos esperados de dichas políticas
y la consecución de los objetivos asignados, según definición del Consejo
científico de evaluación francés – Conseil National de l’Evaluation (CNE). Y
como señala Garde hay institucionalización de la actividad evaluadora cuando en el proceso político se legitima un marco normativo adecuado para
el desarrollo de la evaluación y con la inserción de estructuras e instancias
en los distintos niveles político-administrativos de gobierno y según las
distintas actividades o sectores a evaluar. Conlleva la incorporación de la evaluación y sus
resultados como prioridad de la agenda gubernamental y en los procesos de
formación de políticas públicas y exige un modelo analítico permanente de resultados,
conforme a principios y valores
sustentadores.
Para Ramio la evaluación será eficaz cuando
se imponga legal y políticamente su exigencia, destinándose partida
presupuestaria tal fin y desde el
control por parte de institución propia del poder legislativo.
Ciertamente es difícil que desde la dinámica
política de hoy, sea el ejecutivo quien se controle así mismo o lo haga la
Administración con sus gestores. Tener
un analista en el despacho de al lado es como llevar un guardia civil de
copiloto, cuanto menos incómodo en lo ordinario, pero enormemente confortante
en los momentos difíciles
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