El propósito científico social – positivista
o no – tiene por finalidad establecer leyes comprensivas y explicativas de los
fenómenos que se analizan, para, si es posible proponer soluciones aplicativas
a los problemas sociales.
Creemos que la falta de una
acción evaluativa de la acción pública, de manera persistente y sistemática es
uno de los problemas graves de nuestro sistema político-administrativo, y está,
además íntimamente ligado con la ausencia de una dirección pública profesional
y con la politización de la función pública.
El hombre común sabe que la
fórmula del EBITDA da un valor tangible
a una empresa, en un momento determinado, y además un juicio sobre su gestión
inmediata. ¿Cómo evaluar la administración política de los intereses públicos?
cuando la mayor parte de los ‘enunciados evaluativos’ (Subirats et al.
dixit) responden a propósitos encubiertos de carácter partisano, mediático o
de lobbies. ¿Cómo analizar las políticas
cuando el proceso decisorio es una caja
negra y resulta desconocido hasta por los supuestos analistas y sobre todo por
los implementadores?
Súmese a esto la intangibilidad
del valor público, de los bienes públicos, de la confianza básica, de los constes de
transacción democráticos, del abuso de los free riders o del uso fraudulento de
la legitimidad representativa o de la
contravención persistente de la división de poderes – Montesquiaeu ha muerto se
pronostico -
Por ello hay que – vía inductiva
– buscar leyes universales desde un trabajo empírico, que con métodos
cualitativos y cuantitativos explore el área que en los reglamentos orgánicos y
funcionales recae la labor analítica.
Nos referimos a ese espacio de interfase que formalmente se
denomina gabinete político y técnico.
Este estudio trataría de
averiguar si con respecto a las decisiones públicas se evalúa ex post o analiza ex ante – no son baladíes la distinción en la materia – o no se
hace nunca a pesar de los pomposas denominaciones. Consistiría esta labor en
averiguar por ejemplo;
1) Si los gabinetes no hacen sino
documentar sobre alguna área geográfica o sectorial ante supina ignorancia o
nulo o remoto conocimiento de los decisores acerca de los entornos de actuación (vg. Villarreal tiene muchas fabricas de cerámica y Alcoy de
textil)
2)
Si el
personal de los gabinetes tiene estudios adecuados o experiencia en la toma de
decisiones complejas en estructuras organizativas, o al menos nociones básicas
de nomotecnia.
3)
Si en los
gabinetes se conocen los modelos teóricos de análisis de políticas, sus
problemas o se conocen alternativas analíticas en torno a las propuestas de
gobernanza, nueva gestión pública, sistemas comparados, modelos matemáticos, de
simulación, de economía aplicada,…
4)
¿Cómo se
compadecen los ciclos presupuestarios y políticos con el ciclo vital de las
políticas y la sistematización de estas (subpolíticas, programas, subprogramas,
acciones…?
5)
Porcentaje de tiempo y de recursos que se
dedica al protocolo, actos de marketing, partisanos, atención de la red
clientelar y cuanto a l análisis de la toma de evaluaciones.
6)
Se tiene
constancia de los enunciados evaluativos
y de su contaminación ad intra o ad extra por mor de propósitos
encubiertos.
7)
Cuál
sería el algoritmo para efectuar evaluaciones con propósitos abiertos de
conocimiento y mejora (Mila Gascó dixit)
8)
La
dinámica imperante es la del cubo de basura, el ajuste partidario mutuo, o en
el mejor de los casos el modelo incrementalista simple o el desarticulado.
9)
¿Cuál es
el rol o skills distintivos del personal de gabinete, respeto del personal
directivo o el de libre designación?
10) ¿Los gabinetes están aquejados de los peligros
descritos sobre el comportamiento político? (Gil-Casamayor) en cuanto a;
· La obsesión por el marketing y
el titular.
· Que los medios se conviertan en fines en la actividad reguladora.
· Fracaso en la lectura de
riesgos sistémicos y coyunturales.
· Caer bajo el influjo de
aduladores y otros tipos peligrosos.
Todas esta cuestiones se
encierran en una mayor, cual resulta de analizar a su vez si el sistema universitario
o formativo de la Administración Pública
proporciona o podría proporcionar analistas profesional al servicio de los Gobierno, para el caso de que surgiera otro
tipo estándar de político, supuesta la reforma de la ley electoral, del
Gobierno y de la Función Pública.
Buena parte de lo que se propone ha sido
expuesto con pretensión normativa por la Ciencia de la Administración (vg.
Dror)
Estoy convencido que, además de servir a los
propósitos teoréticos por inducción
aludidos, este estudio redundaría
en un buen y transparente que desde luego superaría a ese
estrambote-gatopardista autonómico recientemente gestado gobierno
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